Pioneros de lo posible: la UE y América Latina, unidas para desarrollar los derechos digitales
La evidencia es contundente. Hay un amplio consenso, tanto en la Unión Europea como en los países iberoamericanos, en considerar a las tecnologías digitales un motor de desarrollo primordial. Irrebatible también es que este proceso debe ir acompañado de medidas que democraticen la digitalización y, al mismo tiempo, protejan a los ciudadanos del uso inapropiado de dicha innovación. Aquí es donde entra el Instituto Hermes, cuya misión es identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Por eso seguimos con gran expectación la Declaración de Derechos Digitales proclamada por la Comisión Europea en diciembre de 2022 y participamos también en las iniciativas que llevaron a España y Portugal a ser los primeros países europeos con una Carta de Derechos Digitales. Fue ese mismo afán de servicio el que nos condujo a colaborar activamente en la elaboración de la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales aprobada el pasado marzo en la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana.
El documento europeo da continuidad al espíritu promovido por el que fuera presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en 2018 al considerar el acceso a Internet como un nuevo derecho humano. Al reivindicar que todo lo que es ilegal en el mundo físico también debe serlo en el mundo digital enfatiza los valores europeos y pretende situar a la UE a la vanguardia de los derechos digitales. Al otro lado del Atlántico, la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales pivota sobre la idea de que todos los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestras constituciones y en la Declaración Universal de Derechos Humanos estén garantizados en el entorno digital. La Carta significa la afirmación sin ambages de un principio universal sin cuya aplicación la transformación digital se disociaría tarde o temprano del desarrollo social y democrático: todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico.
La misión del Instituto Hermes es identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital
La Unión Europea, además, con iniciativas como la propuesta de Artificial Intelligence Act, que seguramente será aprobada en el segundo semestre de este año, se ha comprometido a diseñar un cuadro normativo y vinculante para los Estados miembros que imponga el respeto a los valores europeos, la dignidad de la persona y los derechos fundamentales como marco para cualquier proceso de transformación digital.
La Carta Iberoamericana parte de un principio esencial: la centralidad de la persona en cualquier proceso de transformación digital. El primer compromiso de la Carta es “promover la construcción de una sociedad de la información inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo”. De este modo, la Carta se alinea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Digitales española. Ninguno de los documentos citados tiene valor normativo (salvo la Carta portuguesa), pero todos ellos demuestran el compromiso ineludible de marcar una hoja de ruta legislativa que pase por el pleno respeto a los derechos digitales, sea cual sea el desarrollo de la transición digital. La Declaración Europea afirma que los Estados miembros y la Comisión deben tener en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en ella.
Lo mismo señala –con más amplitud pues el compromiso alcanza también a la sociedad civil y la empresa– la Carta Iberoamericana, al afirmar que tiene por objeto promover principios comunes para que sean tomados en cuenta por los Estados al momento de adoptar o adecuar las legislaciones nacionales o poner en marcha políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes en entornos digitales, así como por las empresas, la sociedad civil y la academia a la hora de desarrollar y aplicar tecnologías, colocando a las personas en el centro de la transformación digital.
Esto facilita la plena y constante actualidad de los textos, que no tienen por qué verse afectados por el paso del tiempo. La Carta Iberoamericana lo expresa claramente al afirmar que “la innovación tecnológica y los nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, tales como la Inteligencia Artificial, las neurotecnologías o la computación cuántica, entre otros, suponen retos que deben abordarse garantizando los derechos de las personas”, y asumir el compromiso de “abordar conjuntamente las cuestiones asociadas a las tecnologías emergentes, así como su uso seguro, ético y responsable”.
Esta perspectiva, por otra parte, es asimismo esencial. En todos los documentos a los que vengo refiriéndome se incluye una mención, no retórica, del compromiso ético que debe inspirar el desarrollo tecnológico y la regulación. La Declaración Europea es muy clara: las instituciones europeas aspiran a promover una vía para la transición digital basada en los valores europeos y los derechos fundamentales de la UE, centradas en las personas y que reafirme los derechos humanos universales mientras somos capaces de beneficiarnos del enorme impulso que la transformación digital ofrece para una mejor calidad de vida, el bienestar de las personas, el crecimiento económico y la sostenibilidad. Esta perspectiva positiva no debe perderse nunca de vista.
Y la Carta Iberoamericana resalta que los países de la región son conscientes de que la transformación digital de las economías es una necesidad para el fortalecimiento de la capacidad de los países hacia un desarrollo equilibrado, que permita reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles, incrementar capacidades y que este esfuerzo redunde en beneficio del conjunto de la sociedad. Tras analizar las estrategias en marcha en la región iberoamericana, con especial mención a Perú, encontramos de forma repetida enumerados derechos digitales básicos. Nos referimos a la accesibilidad universal, conectividad de banda ancha, gobierno electrónico o protección de la privacidad.
El cruce entre sostenibilidad y digitalización es un ámbito de atención incipiente y, por ejemplo, la Cepal ha definido entre las prioridades de la agenda de trabajo la transformación digital con una visión de desarrollo sostenible y el Banco Mundial está reuniendo a socios de sectores públicos y privados para impulsar soluciones digitales y acelerar una digitalización ecológica, resiliente e inclusiva en los países en desarrollo. Iberoamérica y Europa, por tanto, han decidido tomar el liderazgo global y ser pioneros de lo posible: construir el futuro de la sociedad digital y maximizar las oportunidades que esta nos ofrece mientras somos capaces de asegurar el respeto a los derechos fundamentales.
