El proceso que culminó en La Haya
Aunque toda fecha de inicio en un proceso histórico puede ser arbitraria, en este caso no lo es tanto fijar el inicio en 1986, durante el primer gobierno del presidente Alan García cuando el entonces canciller Allan Wagner, aprovechando su visita a Chile, encargó al Embajador Bákula plantear el tema ante el canciller de Chile. Los argumentos que expuso se convirtieron en su ya famoso Memorándum.
Casi veinte años después, en el año 2004, cuando el Perú, ya había concluido los acuerdos de Brasilia con Ecuador y los de Lima con Chile, el canciller Rodríguez Cuadros planteó de nuevo el tema, pero esta vez de manera perentoria: o nos sentábamos a negociar o llevaríamos el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En el 2006, con el cambio de gobierno en Chile y Perú, asumen Michelle Bachelet y Alan García que pertenecen a la misma familia política, la internacional socialista. Pensé que esa razón podría abrir un espacio de entendimiento. Diplomático de toda una vida, propuse de inmediato al canciller de Chile iniciar una negociación, al tiempo que el presidente García lanzaba la tesis de las cuerdas separadas, es decir desarrollar una creciente vinculación entre los dos países y mantener por separado el tema de la delimitación marítima. Poco tiempo después resultó obvio que no era posible negociación alguna, que esa primera opción para solucionar pacíficamente una controversia nos la negaba Chile. Nos enfrentamos con la alternativa de continuar sin encarar el problema o buscar otro mecanismo para solucionar nuestras diferencias, en este caso la Corte Internacional de Justicia.
En las relaciones entre los Estados los problemas no resueltos se hacen más complejos con el paso del tiempo
Debo decir que ir a La Haya no era una decisión fácil. Conspiraban contra ella antecedentes poco claros cuando no contradictorios y cierta desprolijidad, en el pasado, respecto al manejo de este tema. Luego de una reflexión profunda concluimos que aunque pueda ser más cómodo mantener sin resolver una situación de conflicto tratando de manejarla bien, en las relaciones entre los Estados, y sobre todo en temas que se refieren a la soberanía, los problemas no resueltos se hacen más complejos con el paso del tiempo y tienen mayor intensidad afectando la relación entre las partes. Consciencia de historia, perspectiva de Estado y compromiso con el país y su futuro, fue lo que inspiró, al presidente García y a mí, a buscar la paz recurriendo al derecho internacional.
Teníamos por delante la tarea inmensa de preparar la demanda y todos los documentos para la sustentación de la misma. La asumimos todos con sentido de responsabilidad, conscientes de las debilidades de nuestra posición, pero decididos a no dejarnos llevar por ese ejercicio estéril de acusar al pasado. En este proceso fuimos encontrando fortalezas que nadie había siquiera vislumbrado antes e intentamos, creo que con éxito, que compensaran nuestras falencias. Todo fue hecho con rigor y discreción, sin pretender ganar batallas ficticias en los medios. Era a la Corte a la que debíamos convencer y para ello había que evitar la tentación de la figuración y el alarde.
Y al mismo tiempo tuvimos que desplegar un gran esfuerzo para evitar que el Ecuador, que siempre había apoyado la tesis chilena sobre la existencia de un acuerdo de límites marítimos en su calidad de país signatario de la Declaración de Santiago de 1952, fuera como tercero interviniente a La Haya. El presidente García había logrado establecer una relación de mutua simpatía con el presidente Correa y pudo hablarle con libertad para este propósito. Así después de un encuentro presidencial en Loja los cancilleres de ambos países recibimos instrucciones para avanzar una negociación que consulte los intereses de ambas partes. Así fue que se logró el acuerdo de límites marítimos con el Ecuador el 2 de mayo del 2011, que servía no solo para terminar de manera formal con el tema limítrofe con Ecuador, sino para avalar la tesis peruana de que la Declaración de Santiago nunca fue un tratado de límites.
Todo fue hecho con rigor y discreción, sin pretender ganar batallas ficticias en los medios
En un verso el poeta Antonio Cisneros se preguntaba “Qué se ganó o se perdió entre estas aguas”. Yo quiero apropiarme de ese verso para explicar el fallo empezando por recordar lo que se le solicitó a la Corte: determinar si existía o no un tratado de límites marítimos. Según nosotros no existía, Chile argumentaba que sí. Trasladamos a Chile la carga de la prueba y no pudo mostrar que había un acuerdo formal. Así nos lo reconoció la Corte. No había acuerdo, y por tanto el límite no era el paralelo hasta las 200 millas o ad infinitum, como sugería Chile. Sin embargo haciendo gala de creatividad y originalidad, la Corte estableció el concepto de acuerdo tácito para definir el status quo consagrado por el Acuerdo Fronterizo de 1954 y las Notas Diplomáticas de 1968 y 1969. Pero restringió su alcance a la milla 80, de conformidad con el criterio de la pesca registrada en la zona antes de 1986. Al trazar una línea equidistante a partir de esa milla la Corte le otorgó al Perú acceso a 22 mil kilómetros cuadrados que habían estado bajo soberanía chilena y 28 mil kilómetros cuadrados más sobre los cuales Chile pretendía o que era su mar presencial o que eran aguas internacionales, no reconocía la soberanía peruana. En total ganamos 50 mil kilómetros de espacio marítimo, equivalente al 75% de lo solicitado en la demanda. Es así que incorporamos un inmenso espacio marítimo a nuestro dominio y terminamos de establecer nuestros límites, a casi 200 años de la Independencia.
Ni el caso ni el fallo fueron fáciles. El primero tomó más de un año su elaboración. En cuanto al segundo, nos tocó desmitificar aquellas “verdades asumidas” desde tiempo atrás. Durante seis años un grupo de profesionales de altísimo nivel, entregando talento y esfuerzo, produjo una obra impecable. De ello debemos sentirnos orgullosos los peruanos e ilusionados de imaginar un futuro de paz y mayor integración con Chile.
