Pro bono y Responsabilidad Social en México
Para la comunidad jurídica en México (colegios de abogados, facultades de Derecho, despachos, profesionistas independientes y organizaciones de la sociedad civil) es indispensable entender que debe implementar e institucionalizar la cultura del trabajo pro bono como parte fundamental de su política de responsabilidad social. Entre abogados mexicanos el reconocer la necesidad de hacer pro bono de manera institucional y organizada es algo nuevo e incipiente. Sin duda, otros países latinoamericanos, gracias a la influencia principalmente de Estados Unidos, adoptaron los programas e instituciones ahí utilizadas y las adaptaron exitosamente a las necesidades y a la cultura de sus países.
Si bien hace falta mayor diálogo y transparencia entre los distintos actores de la comunidad jurídica mexicana, es indudable que varios de ellos (como la BMA, ANADE y el INCAM) han iniciado las acciones necesarias para asegurar que los profesionistas del derecho cumplamos, en lo individual y en lo colectivo, con nuestras obligaciones de responsabilidad social. Esto incluye el esfuerzo común por restablecer la colegiación obligatoria en México, pero en el corto plazo debe considerar un ejercicio de retrospección interna de cada miembro de la comunidad para reconocer que las fallas en nuestro estado de derecho manchan la reputación de todos los miembros de la profesión y que es necesario establecer programas que salvaguarden el estado de derecho y aseguren a toda la población el acceso a la justicia en igualdad de circunstancias.
Hoy, el talento y preparación de los abogados se reconoce como un valor agregado para ayudar a los clientes a realizar sus actividades de manera eficiente y cumplir con sus objetivos
La labor de la Fundación BMA y de la Fundación Appleseed México ha conseguido no sólo difundir el concepto del trabajo pro bono entre profesionistas de distintas prácticas –penalistas, especialistas en derecho familiar y despachos con una especialidad mercantil y transaccional (abogados corporativos)– sino también apoyar a la comunidad para hacer más pro bono. Ambas han contribuido a llenar el vacío de clearinghouses de asuntos pro bono para los abogados que había en México. La mayor interacción de los abogados con estos clearinghouses ha abierto los ojos a sus usuarios sobre la necesidad de apoyarlas con tiempo y recursos; tal y como ha ocurrido en otros países.
Hoy, el talento y preparación de los abogados se reconoce como un valor agregado para ayudar a los clientes a realizar sus actividades de manera eficiente y cumplir con sus objetivos planteados de cara a sus stakeholders. Esto es una realidad tanto para organizaciones de la sociedad civil como para cualquier otro cliente. Después de todo, la competencia para atraer capital y cumplir con su objetivo es igual de feroz para una empresa mercantil que para una asociación civil. Cada vez con más frecuencia los clientes existentes y prospectivos de cualquier despacho indagan sobre los asuntos pro bono de sus prestadores de servicios. Así, con el apoyo de un clearinghouse y la constante influencia de sus clientes, los abogados han aprendido que sus conocimientos pueden ser aplicados de forma exitosa para contribuir a los derechos de personas o a desarrollar actividades sin ánimo de lucro de organizaciones de la sociedad civil.
Todos debemos contribuir a un México más justo, a lograr una mayor participación de la iniciativa privada en actividades filantrópicas y de responsabilidad social. Es evidente que se requiere una participación más activa y desinteresada de todos los abogados, dentro del área de especialidad de cada abogado, para (i) proteger los derechos de sus clientes más vulnerables, (ii) salvaguardar el estado de derecho, y (iii) promover la realización de actividades sin fines de lucro para el beneficio de la comunidad.
Con estos objetivos hemos implementado en Creel nuestro Programa Pro Bono, bajo la convicción que es una obligación de todo abogado. Buscamos que todos nuestros abogados se desarrollen como ciudadanos comprometidos con su sociedad. Estamos convencidos que el mayor beneficiado de cumplir con las obligaciones de responsabilidad social es cada colaborador, no sólo como profesionistas, sino como miembros de una comunidad. Es fundamental que nuestro personal se desempeñe en los asuntos pro bono con la misma dedicación y compromiso que en los asuntos de clientes que pagan honorarios. De ahí que los criterios de nuestro comité de evaluación establecen que los parámetros mínimos y máximos de horas anuales individuales empleadas, facturadas y validadas por el socio responsable de un asunto pro bono serán acreditadas para el cumplimiento de este criterio de evaluación durante cada periodo.
Dentro del ámbito de responsabilidad social y actividades de alto impacto social, la diferencia no la hacen muchos, sino un puñado de abogados decididos a contribuir con su tiempo y recursos
Reconocemos que aunque en Creel hemos avanzado mucho en nuestro Programa Pro Bono, todavía hay mucho por hacer. Así, algunos de nuestros socios participan activamente con instituciones y asociaciones civiles y académicas encaminadas a promover y desarrollar el trabajo pro bono, la responsabilidad social y el estado de derecho.
En México, he conocido a varios abogados de distintos perfiles que, de forma individual, están ampliando sus prácticas al servicio pro bono para cumplir con sus obligaciones de responsabilidad social hacia todos sus stakeholders con el fin de construir un país más justo. Dentro del ámbito de responsabilidad social y actividades de alto impacto social, la diferencia no la hacen muchos, sino un puñado de abogados decididos a contribuir con su tiempo y recursos para encaminar programas institucionales que aporten al desarrollo del trabajo pro bono.
Lo que resta por hacer es trabajar hacia ese objetivo común: organizar instituciones que brinden apoyo a los abogados para conectarlos y darles las herramientas para resolver problemáticas del país identificadas en su práctica profesional. Con ello, se promoverá que cada abogado, dentro de su área de especialidad, contribuya a causas de alto impacto social tales como el acceso a la justicia y el estado de derecho. El reto es grande, pero alcanzable.
