Asociaciones empresariales ante el desafío de independencia y legitimidad
Hoy día resulta muy difícil, por no decir imposible, concebir un sector empresarial en el mundo, en donde los distintos actores no se encuentren organizados bajo la figura de una asociación. Partiendo desde aquellas más tradicionales y reconocidas, pasando por las vinculadas a sectores regulados hasta las de más reciente creación. Todas tienen un mismo fin y propósito, que no es otro que el resguardar “el natural interés de sus asociados”.
Hasta hace unos 10 años atrás, la opinión pública chilena e internacional compartía el supuesto de que la dura competencia entre empresas era suficiente incentivo para generar mercados perfectos. En ese escenario, cada empresa tenía estrategias comerciales y comunicacionales autónomas con las que competir. Pero los tiempos cambiaron. Los consumidores se dieron cuenta de que el mercado no era perfecto y que las empresas no siempre actuaban lealmente. Ese aprendizaje generó la ya conocida ola de críticas sociales que se han traducido en que las encuestas muestren bajísimos niveles de confianza en las empresas y los empresarios.
Las empresas comenzaron a darse cuenta de que, aunque seguirían compitiendo fieramente en el ámbito comercial, convenía aunar estrategias comunicacionales
A su turno, las empresas comenzaron a darse cuenta de que, aunque seguirían compitiendo fieramente en el ámbito comercial, convenía aunar estrategias comunicacionales por industria, única manera de enfrentar la andanada de críticas. Eso reimpulsó que las empresas buscaran asociarse, entregándole la responsabilidad a las asociaciones gremiales del relacionamiento con los distintos stakeholders.
El problema es que los consumidores y opinión pública rápidamente asumieron que esas asociaciones tenían acción interesada. ¿La asociación de empresas de alimentos al reclamar sobre la nueva norma de etiquetados considera a los consumidores? ¿A quién defiende la Asociación de Bancos en la regulación del consentimiento expreso en los contratos financieros? La respuesta es bastante obvia, me dirá usted. 
Defienden los intereses de las empresas. Bueno, ese es justamente el problema para la construcción de buenas políticas públicas. Porque las autoridades sectoriales y la opinión pública parten del prejuicio de que las opiniones de esas asociaciones están orientadas a defender posturas corporativas y no necesariamente el bien común de la sociedad.
¿Es un diagnóstico exagerado? No si nos guiamos por lo que dice la encuesta Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuando se pregunta a los chilenos cuál es su opinión sobre “los bancos” un mayoritario 62 % declara poca o nula confianza en ellos. En cambio, cuando se les pregunta por el banco donde son “cliente”, se revierte la opinión con más de un 60 % declarando tenerle mucha o bastante confianza. Similar bipolaridad se da cuando se pregunta por la confianza en “las empresas” con solo un 16 %, comparado con la confianza en “la empresa donde usted trabaja”, con un 72 % de confianza. Extrapolando esta evidencia se podría concluir que los chilenos tienden a desconfiar de la opinión que proviene de los grupos de empresas, incluyendo por cierto entonces a las asociaciones gremiales.
Es un hecho que las asociaciones enfrentan un escenario complejo de legitimidad social. Enfrentamos en Chile y el mundo un entorno social crecientemente exigente con las empresas. Aumentó el estándar en trasparencia, libre competencia y sustentabilidad. Por eso parece ineludible que los gremios rediseñen la manera de estructurar sus asociaciones, así como que evalúen las señales públicas que dan con la composición de los directorios de esos gremios, especialmente los que representan a industrias que prestan servicios públicos de alto impacto social.
Las asociaciones enfrentan un escenario complejo de legitimidad social
En esos casos, parece recomendable que las asociaciones repliquen una práctica de gremios empresariales de países de la OCDE: que los estatutos de esos gremios consideren Directorios con integración no solo de directores representantes de las empresas (típicamente sus gerentes, ejecutivos principales, directores o controladores) sino también se complemente con la de directores independientes: profesionales sin vínculo laboral o económico con ninguna empresa. Personalidades con legitimidad pública suficiente y que, enfrentados a decidir la postura del gremio acerca de una nueva regulación, no tengan otra consideración que su expertise profesional, su reputación personal o su experiencia como usuario. Eso le permitiría a las asociaciones revestir de mayor representatividad y legitimidad las recomendaciones de su Directorio ante esas nuevas normativas.
Solo las asociaciones gremiales que sean capaces de demostrar su independencia de juicio ante la ciudadanía tendrán mayor legitimidad para plantear sus opiniones y propuestas.
