La vejez, el gran reto de la sociedad del Siglo XXI
El Estado del Bienestar parece haberse convertido en el bien más preciado de nuestra sociedad. Pero la garantía de un buen sistema sanitario y social que apueste por la calidad de vida debe construirse en base a una sólida colaboración público-privado. Si los cimientos no son sólidos, especialmente en periodos de crisis, tambalea todo el sistema y Europa no puede permitirse el lujo de ver como se derrumba uno de los bienes más valorados por toda su ciudadanía como es el Estado del Bienestar.
Más allá de los factores coyunturales que puedan poner en riesgo algunos derechos asociados a la implantación del Estado del Bienestar, debemos tener en cuenta un factor estructural que sí está destinado a ser definitivo: la inversión progresiva de la pirámide de edad, apuntando cada vez más a una sociedad más longeva. Es más, me atrevería a decir que el cambio demográfico es, actualmente, un problema mayor incluso que el cambio climático, un escenario inevitable que no logra, por ahora, el lugar que merece en el discurso mundial y en las agendas políticas. La sociedad ha de ser capaz de ofrecer soluciones óptimas al envejecimiento de sus ciudadanos, cada vez más mayores y más exigentes.
El envejecimiento de la población es actualmente un problema mayor incluso que el cambio climático
En 2010 había en España 2,1 millones de personas de más de 80 años. En 2020, habrá 3 millones. Este envejecimiento progresivo de la sociedad es sin duda el gran reto del Siglo XXI. La vejez no debe ser entendida como una enfermedad sino como una etapa de necesidades preventivas concretas y en crecimiento que deben estar ya previstas en los planes y políticas sociales, económicos y sanitarios de los gobiernos. Científicamente, desde el punto de vista médico y farmacológico, se ha avanzado muchísimo. Como apunta el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares: “ante el final inevitable, hemos de conseguir que el proceso de deterioro previo se retrase al máximo y dure lo mínimo”. El aumento de la esperanza de vida supone un nuevo paradigma. Los avances científicos y médicos han convertido enfermedades hasta ahora mortales en crónicas y esta mejora se refleja en un cambio de las necesidades de la sociedad.
Llegados a este punto entenderán que el debate social sobre la viabilidad de la sanidad pública y el papel de la atención privada tiene máxima relevancia. Un debate que se está jugando en base a los presupuestos y las curvas de natalidad y mortalidad, en lugar de entenderse como la necesidad de focalizar los esfuerzos en el cuidado de las personas.
Los servicios sociales y sanitarios han de ser sostenibles. Deben aplicar criterios de eficiencia y eficacia. Desarrollar la red de servicios en base a una provisión exclusivamente pública es totalmente insostenible por la falta de recursos. Sin duda y concretamente en España, la sostenibilidad del sistema sociosanitario pasa por la creación de un marco estable, transparente y sostenible basado en la colaboración público-privada con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad según las necesidades asistenciales de cada persona.
Desarrollar la red de servicios sociales y sanitarios en base a una provisión exclusivamente pública es totalmente insostenible por la falta de recursos
Las personas quieren garantías de recibir, cuando sea el momento, una atención sociosanitaria de calidad. Y para ello, hay que poner raciocinio en el gasto y despertar la creatividad con nuevos enfoques en la atención. La observación, el expertise y la capacidad de anticipación del sector son las herramientas que harán posible encontrar soluciones ingeniosas. En mi opinión, el futuro pasa por potenciar medidas y soluciones de atención domiciliaria, más viables en términos económicos –evitando saturar las camas de los hospitales– y que permiten el mantenimiento de la persona en el hogar por más tiempo en beneficio de sus preferencias.
Diecinueve millones de españoles padecen enfermedades crónicas, es decir, patologías de larga duración y, por lo general, de progresión lenta. Este tipo de dolencias afectan a más de 4 de cada 10 habitantes en España y eso se traduce también en gasto sanitario: a día de hoy, las enfermedades crónicas suponen el 75% del gasto sanitario español total, erigiéndose como el problema de salud que demanda más servicios sanitarios en nuestro país. Sin embargo, la atención que proporciona el sistema sanitario tradicional no da una respuesta adecuada a las necesidades de estos enfermos, que necesitan seguimiento constante y coordinado y no atenciones puntuales. Ofrecer servicios de urgencia en lugar de servicios de seguimiento y prevención a este tipo de pacientes, además de ser inadecuado para su bienestar, provoca el colapso de los servicios sanitarios, deja un espacio insuficiente a los enfermos de urgencias y dispara el volumen de gasto sanitario.
Ese raciocinio en el gasto y la óptima distribución de los recursos limitados sólo puede establecerse en un marco claro de colaboración público-privada real, no metafórica. En este sentido, las administraciones tienen que definir y planificar los servicios a prestar y poner filtros e inspeccionar dichos servicios. El sector privado debe actuar como músculo ejecutor que dote de eficiencia al mercado y haga sostenible el sistema.
En definitiva, el cambio de paradigma del Estado de Bienestar pasa por entender los cambios sociales que han alargado la esperanza de vida de los ciudadanos. Pasa también por comprender que nuestra aspiración ya no es llegar a la vejez, sino hacerlo en óptimas condiciones y llevando, en la medida de lo posible, las riendas de nuestro futuro. La vejez se debe desinstitucionalizar y ganar el papel determinante que tiene y tendrá en la sociedad, en lugar de seguir siendo vista como un lastre.
