La colaboración público-privada para la transición ecológica
Durante los últimos años, la sociedad española se ha mostrado cada vez más consciente de la importancia de la preservación del capital natural y climático y de la necesidad de un sistema económico que asegure su mantenimiento y regeneración de manera adecuada. En el ámbito energético, ello requiere de un modelo de electrificación de la energía y descarbonización de la electricidad que asegure, además —particularmente, en España— la seguridad del suministro, cuya importancia ha quedado trágicamente patente en los terribles acontecimientos bélicos de las últimas semanas.
La experiencia ha demostrado que el reto de la transición ecológica no puede abordarse únicamente, ni por capacidad ni por volumen de recursos, desde el sector público. Las instituciones pueden guiar el proceso y el sector privado debe desempeñar su función en la ejecución de las inversiones necesarias, en respuesta a las señales regulatorias y económicas que desde el ámbito público se emitan.
En este necesario reparto de papeles, al sector público le corresponde:
-Establecer las grandes prioridades coherentes con los objetivos ambientales y climáticos nacionales, que a su vez deben corresponder razonablemente a los fijados en los ámbitos europeo e internacional.
El sector privado debería aportar el grueso del esfuerzo inversor para la transición ecológica, con cerca de 190 000 millones de euros.
-Incidir sobre las expectativas empresariales, asegurando en particular la irreversibilidad del proceso frente a los enormes riesgos y costes de la inacción.
-Atenerse a los principios de buena regulación recogidos en la normativa española y europea, respetando los criterios de necesidad y proporcionalidad.
-Garantizar la necesaria estabilidad regulatoria y seguridad jurídica para los sectores inversores que deben promover la transición, con el fin de evitar señales confusas o contradictorias que podrían distorsionar el proceso y favorecer el mantenimiento del statu quo.
-Procurar la garantía de una rentabilidad razonable que estimule y favorezca la inversión en infraestructuras y tecnologías sostenibles. Deben ser infraestructuras y tecnologías habilitantes que posibiliten los cambios de comportamiento asociados a las señales de precios (de poco sirve incentivar el consumo de energías limpias si no se promueve la inversión en generación renovable; de poco sirve la promoción del vehículo eléctrico si no existen la infraestructura o los servicios de recarga suficientes).
-Asegurar de que la tributación y otros instrumentos de política fiscal y presupuestaria garantizan la internalización en los precios de las externalidades climáticas y ambientales.
-Determinar un ritmo de transición asumible económica y socialmente, pero siempre coherente con la urgencia del reto. La necesidad de periodos transitorios no puede servir de excusa para el retraso.
-Gestionar la dimensión social del proceso, asegurando una compensación razonable a los colectivos más vulnerables que puedan verse afectados, con un enfoque de transición justa.
En los Estados compuestos, como España, es fundamental también la debida coordinación entre las Administraciones Públicas. La actuación de cada de ellas debe tener en cuenta el marco legal de las instituciones relevantes y su actuación debe llevarse a efecto y manera armonizada y coordinada, buscando que el conjunto de ésta sea coherente con el interés público en todas sus dimensiones
A partir de este marco institucional, el sector privado debe desplegar su actividad aportando esfuerzo inversor y capacidad de ejecución, pero también conocimiento e innovación, con un horizonte de medio y largo plazo, con el objetivo último de que estos fines de interés general se logra de la manera más eficiente posible en un contexto competitivo y favorecedor de la inversión.
La transición ecológica requiere inversión en nuevas instalaciones e infraestructuras y, por tanto, procesos de revisión ambiental.
Las cifras de inversión necesaria son elevadas: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2019) prevé 240.000 millones de euros solo para la transición energética. En línea con lo anteriormente señalado, se estima que el sector público deberá invertir unos 50.000 millones de euros (infraestructura y subvenciones principalmente), mientras que el sector privado debería aportar el grueso del esfuerzo inversor, con cerca de 190.000 millones de euros. La correcta imbricación de lo público y lo privado determinará que esas previsiones puedan llevarse a término, en particular a partir de un diseño adecuado de subvenciones e infraestructura que asegure la máxima inducción de inversión privada.
La colaboración público-privada admite diversos cauces y herramientas jurídicas. Es importante que los instrumentos legales necesarios existan y sean accesibles. Otros países llevan tiempo aplicando fórmulas que permiten, con las salvaguardas necesarias, una colaboración estrecha y constructiva entre el sector público y el privado: piénsese en los procedimientos de licitación de “libros abiertos” o en la posibilidad de plantear desde el sector privado propuestas para futuros proyectos (“iniciativas privadas”) en áreas donde exista interés público y rentabilidad suficiente para el inversor. Mientras tanto, en España la mera licitación de concesiones ordinarias ha devenido desde hace tiempo prácticamente inviable, al condicionarse u obstaculizarse con requerimientos normativos de discutible utilidad pública.
Por último, la transición ecológica requiere inversión en nuevas instalaciones e infraestructuras y, por tanto, procesos de revisión ambiental. Es esencial que estos se apliquen de manera rigurosa y seria: España es un país con una gran riqueza natural que es imprescindible preservar. También es necesario que dichos procesos internalicen el impacto ambiental de la inversión para prevenir el cambio climático, cuyo efecto protector del ambiente a medio y largo plazo es indudable. Y para ello se requiere que estos procesos de revisión ambiental lleven asociados una dotación de recursos humanos y materiales proporcionada a la importancia y urgencia del reto climático-ambiental y que se aseguren tiempos razonables de tramitación. No debemos asociar el necesario rigor de estos procesos con la dilación en el tiempo preciso para su resolución; es posible realizar revisiones ambientales exigentes o más en plazos razonables si se cuentan con los recursos necesarios para ellos.
La colaboración público-privada debe buscar “lo mejor de los dos mundos”. La simbiosis de lo público y lo privado operando de manera independiente pero colaborativa
En suma, la colaboración público-privada debe buscar “lo mejor de los dos mundos”. La simbiosis de lo público y lo privado operando de manera independiente pero colaborativa. Aportando cada uno de los agentes sus potencialidades de manera que se consigan las mayores sinergias posibles entre ambos. Estos han sido los cimientos sobre los que se ha construido la posición europea en materia climática, y su continuidad y refuerzo serán también clave para que la siguiente fase de la transición ecológica (aún más delicada que la anterior) se desarrolle con eficacia y fluidez.
