El caso de YPF o como darse un tiro en el pie
En una crisis de confianza como la actual, crear desconfianza es tanto como “darse un tiro en el pie”. Es precisamente lo que pasó el 16 de abril de 2012 cuando la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, filial de la empresa española Repsol. Estas fueron las palabras exactas que utilizó el canciller español José Manuel García-Margallo para referirse a la incautación que se acababa de producir.
No es un caso más, sino un ejemplo emblemático de lo que está pasando en el mundo. Unos defienden la salida de la crisis desde planteamientos ortodoxos, dirigidos a recuperar la confianza, lo que pasa invariablemente por fortalecer las instituciones democráticas y el libre mercado. Mientras que otros defienden fórmulas heterodoxas, como los países populistas latinoamericanos.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado por recuperar la reputación perdida. Una opción que le está obligando a adoptar medidas muy impopulares, como subir impuestos y recortar drásticamente los gastos, lo que ha provocado una oleada de protestas. El Ejecutivo ha sido contundente a la hora de asegurar el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración. Se trata de algo más que una estrategia. Es un planteamiento de fondo que fue consensuado entre el PSOE y el PP y que se concretó en agosto del 2011 cuando ambos partidos pactaron un cambio exprés de la Constitución dirigido a dar prioridad a los rentistas, por encima incluso que los pensionistas.
La riqueza de las naciones no radica en sus recursos naturales, sino en la fortaleza de sus instituciones y Argentina no ha dejado de enviar señales contra ellas
No había otra opción que realizar una política económica dirigida a asegurar el pago de la ingente deuda exterior acumulada durante los años del “boom” económico y que se acercaba al billón de euros. Sin embargo, esa maniobra –forzada por la Unión Europea– provocó grandes críticas por parte de amplios sectores de la sociedad. Las empresas se revolvieron contra la subida de impuestos; los sindicatos contra los recortes; los funcionarios contra el Gobierno y los ciudadanos contra los políticos. Incluso se llegó a decir que los mercados estaban poniendo en grave peligro nuestra democracia.
Pero lo cierto es que los inversores internacionales han empezado a recuperar la confianza en España en la medida en que nuestro país ha ido recuperando su credibilidad y reputación. Aunque la crisis aún es profunda, se han ido poniendo las bases para una pronta salida. La recuperación será más intensa en la medida en que los grandes partidos del arco parlamentario, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos, sean capaces de ponerse de acuerdo para fortalecer las instituciones.
Una estrategia radicalmente contraria a la de Argentina, que ha apostado abiertamente por la heterodoxia, en línea con Venezuela o Cuba. El gobierno de Cristina Fernández no se cansa de enviar señales que sugieren un muy curioso concepto de la propiedad privada y de las reglas del juego. La estatización de los fondos de pensiones; la incautación de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol como anteriormente había hecho con Aerolíneas o Aguas; la persecución de los medios de comunicación independientes como Clarín o la estatización del Predio Ferial de Palermo.
Desde la llegada del kirchnerismo al poder en el 2003, no ha parado de producirse un debilitamiento de las instituciones, como se ha puesto en relieve en libros tan bien documentados como El dueño de Luis Majul o La Campora de Laura di Marco. En ambos se pone de manifiesto como la corrupción, el nepotismo y la inseguridad jurídica conducen inexorablemente a la pobreza y al subdesarrollo. Las consecuencias de unas instituciones débiles son aún más agudas cuando se arrastran durante décadas. El peronismo no es ajeno a ello. Por eso el caso YPF no se limitó a una simple expropiación, como las que con cierta asiduidad realizan los llamados países bolivarianos. Lo que ocurrió con Repsol fue mucho más grave, en la medida en que el gobierno no se limitó a ejercitar su derecho a expropiar, sino que tampoco respetó sus propias leyes.
Aunque las instituciones económicas son esenciales, son las políticas las que garantizan la lucha contra la corrupción y la seguridad jurídica, y al final determinan la prosperidad de los pueblos
Este planteamiento habría que encuadrarlo en la tesis desarrollada por los destacados economistas Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y James Robinson, profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard, en su libro Why Nations Fail (Por qué fracasan las naciones). Sostienen que son las instituciones y las reglas del juego mantenidas a lo largo de los años las que explican que haya naciones ricas y pobres. La idea fuerza es que si bien las instituciones económicas son esenciales, las políticas son determinantes a la hora de definir el futuro de los pueblos.
Las naciones, igual que las empresas, fallan cuando sus instituciones son débiles y concentran el poder en una élite que actúa para el beneficio propio. Por el contrario, aciertan cuando sus dirigentes aportan a la sociedad más que lo que obtienen de ella. En definitiva, recuperar la reputación es la opción más rentable para naciones y empresas.
