El nuevo Estado de Bienestar
El largo ciclo de crecimiento económico y estabilidad política que se generalizó en los países occidentales tras la 2ª GM dio lugar a una creciente –con diversas graduaciones– presencia del Estado en la economía que se manifestó en gasto público aplicado a lo que con el tiempo ha terminado acuñándose como Estado de Bienestar.
Con independencia de la ideología, socialista o liberal, que ilustre el análisis de la cuestión del Estado de Bienestar, éste ha entrado en crisis por una simple y prosaica razón: su financiación. Mientras duró la alegre expansión monetaria del reciente pasado –que difícilmente volverá– cualquier sueño de Estado de Bienestar parecía –absurdamente– posible; sólo por ello se explica la explosión del gasto público en España de los años recientes.
En España los límites del Estado de Bienestar están definidos por nuestra capacidad recaudatoria fiscal, pues el endeudamiento del pasado ya no volverá. De hecho el tamaño del Estado de Bienestar futuro será necesariamente menor que el del pasado, ya que los ingresos públicos –que difícilmente crecerán– deberán asignarse a la devolución de la deuda pública y lo que vaya quedando a financiar el gasto público. El tiempo de la emisión inflacionaria de dinero se ha acabado –felizmente– con el Euro.
Lo dicho hasta aquí pone de manifiesto que no pueden existir derechos reales a ningún “estado de bienestar” que no puedan financiarse con impuestos; el tiempo de recibir préstamos del exterior para pagar lo que no podemos, simplemente ha pasado.
En España los límites del Estado de Bienestar están definidos por nuestra capacidad recaudatoria fiscal
Dados los nuevos límites –por pertenecer al Euro– del gasto público: equivalentes a los ingresos fiscales, y que un gobierno responsable debería conciliar con la optimización del crecimiento económico, solo cabe discutir su aplicación: a qué y cómo.
Un país, Suecia, puede servir de referencia al respecto. La crisis de su Estado de Bienestar comenzó antes y también su afortunada revisión. De hecho, el debate político en España sobre el gasto público debiera versar sobre dos cuestiones principales:
1. Cuánto gasto público está realmente asociado con el bienestar social y cuánto son gastos consuntivos tales como: TV públicas y entes y actividades de la más variada especie perfectamente innecesarios.
2. A qué ámbitos del bienestar social: sanidad, educación, desempleo, pensiones, etc. debe aplicarse el gasto, así como la participación privada en su financiación.
No se plantea aquí la operativa de la administración del gasto público, pues es evidente que debe llevarse a cabo desde un exclusivo criterio: la optimización del uso del dinero público, que como la experiencia bien demuestra es más eficaz desde la gestión privada.
Aquellas naciones que disfrutan de una población más y mejor educada, tienen mejores posibilidades de crecimiento económico
Un principio rector de la aplicación del gasto público a fines sociales debiera ser su subsidiariedad: el Estado no debe sufragar aquello que una persona pueda conseguir por sus propios medios, incluidos el esfuerzo, el tesón y las ganas de lograr sus propios objetivos.
Puesto que la vida natural no genera iguales oportunidades de partida, ni libra a cierto tipo de personas del infortunio, es razonable que el Estado se ocupe de ellos.
La educación cumple una función principal en la gestación de una cierta –la total es naturalmente imposible– igualdad de oportunidades, pero además resulta relevante para la propia prosperidad de la nación: aquellas que disfrutan de una población más –en número– y mejor –en calidad– educada, tienen mejores posibilidades de crecimiento económico, mayores ingresos fiscales y más gasto público al servicio de la sociedad.
Alcanzado un cierto nivel de prosperidad económica, que en España hace mucho hemos sobrepasado, es moral y económicamente posible y necesario que la gente infortunada disponga de ayudas públicas para conllevar sus limitaciones y enfermedades con dignidad. La sanidad cumple aquí un papel fundamental y también ciertas ayudas a personas discapacitadas o dependientes.
La gente que pierde su trabajo, mientras busca –de verdad– otro, puede recibir ayudas familiares públicas, amén de todo tipo de facilidades para formarse en nuevas profesiones y cambiar de domicilio.
Puesto que el gasto público está y seguirá estando limitado por el nivel de los ingresos fiscales y estos dependen del crecimiento de la economía, lo más razonable a largo plazo es optimizar la expansión del PIB, que es más probable conseguir con tipos impositivos bajos; algo lógico –a menor presión fiscal mayores incentivos para crear riqueza– además de empíricamente demostrado en la España finisecular.
Se suele creer en nuestro país que el nivel de prestaciones sociales está solo relacionado con el gasto; lo que excluye la aplicación de criterios de eficiencia y excelencia en la gestión de los recursos. La realidad pone de manifiesto lo contrario, ya que los países que gozan de mejor salud –caso de España– no son los que más gastan, como EE.UU. Tampoco son los países que más gastan en educación –caso español– los que mejores resultados obtienen, como Corea y Finlandia.
Volviendo a la cita del principio del caso Suecia, he aquí lo que ha sucedido allí y es de extremada utilidad aquí:
• En el periodo 1870-1950 Suecia lideró con Suiza el crecimiento económico mundial, gracias a una reducida carga tributaria y una economía de libre mercado.
• En el periodo 1965-1995, el PIB per cápita sueco pasó de representar más del 80% del de EE.UU. a poco más del 70%, pasando de la cabeza a la cola de este ranking entre países ricos. La carga tributaria como % del PIB, pasó del 25 a más del 55.
• Un creciente desempleo junto con una extraordinaria expansión del empleo público fueron compañeros del viaje a la crisis del Estado Benefactor.
• La salida de la crisis sueca ha venido de la mano del equilibrio presupuestario –lo que conlleva menos gasto público– y la mejora de la competitividad de su economía.
• Suecia se ha convertido ahora en un Estado Posibilitador del bienestar social, en vez de en un exclusivo financiador y productor de servicios públicos como venía siendo.
• Un pujante capitalismo del bienestar presta servicios públicamente financiados, incluidos.
• Los seguros privados de paro y de enfermedad están cada vez más generalizados.
• El cheque escolar es una exitosa realidad, junto con la mejora de la calidad de la enseñanza en competencia pública y privada.
• La privatización de la prestación de servicios sanitarios ha posibilitado una nueva “industria de exportación”: grupos empresariales que reproducen en otros países sus buenas prácticas en Suecia.
• En materia de pensiones una inteligente combinación de criterios de reparto y capitalización, junto con incentivos al retraso de la jubilación, han dejado de hipotecar –como en España– las rentas de las generaciones venideras para pagar las pensiones de hoy.
Con las buenas prácticas suecas ganaríamos credibilidad financiera exterior y comenzaríamos a tener despejado nuestro horizonte económico y social
Como consecuencia de la metamorfosis de su estado del bienestar, Suecia ha vuelto a crecer y crear empleo mientras disfruta de una realidad macroeconómica sólida y equilibrada.
Quizás merecería la pena tratar de introducir –sin más dilación– las buenas prácticas suecas: ganaríamos, de inmediato, credibilidad financiera exterior y comenzaríamos a tener despejado nuestro horizonte económico y social.
