Coste político y rentabilidad económica y social
Muchos lectores de UNO probablemente no conozcan a Rex Tillerson. Es el CEO de Exxon Mobil Corporation, una de las primeras y más rentables compañías de gas y petróleo del mundo, con un valor de mercado de 417.000 millones de dólares y operaciones de exploración y producción en todo el mundo. El propio Sr. Tillerson hizo bueno el dicho de “NIMBY-Not in my Backyard” el pasado febrero cuando se opuso, durante una junta vecinal en el municipio de Texas donde reside, a la instalación de una torre de agua cuya operación tenía que ver con una operación de extracción de gas shale, un negocio que pesa mucho en el portafolio de Exxon. Hace un par de años, en la revista Fortune, Tillerson afirmaba que mientras en otros países sus operaciones eran bien recibidas por la contribución al desarrollo social y económico, en Estados Unidos afrontaban una oposición que decía no entender.
Este hecho refleja lo sensible que son las relaciones comunitarias para los operadores de gas, petróleo y otros recursos naturales. También lo complejo de lidiar con situaciones de microgestión y fragmentación a la hora de obtener autorizaciones administrativas, donde el coste político de las decisiones condiciona proyectos con gran impacto en el desarrollo de una determinada comunidad. Pero dejando de un lado este episodio, sí que me gustaría ir un poco más allá.
En primer lugar considerar el sector y la industria en su configuración más amplia, dado que cualquier compañía que explota recursos naturales en cualquiera de sus formas (ya sean minerales, solar, eólica o de otro tipo; sean más o menos limpias, ecológicas o no) tiene una incidencia destacable en el entorno social donde opera, aunque bien es cierto que en diferente escala. No obstante, a todas se les exige el mismo celo a la hora de manejar sus instalaciones, y muchas veces –casi siempre– lo superan ampliamente.
Cualquier compañía que explota recursos naturales en cualquiera de sus formas tiene una incidencia destacable en el entorno social donde opera
Con el paso de los años, las empresas aprendieron a reconocer en esta exigencia una ventaja competitiva de cara a proyectar su reputación en el mercado, a la hora de poner en valor sus operaciones con las autoridades e instituciones. A la hora de exigir contraprestaciones lógicas y razonables por su contribución a la sociedad y a la economía.
Muchas compañías decidieron –a la hora de enfrentar el debate– apostar por el interés particular en detrimento del general. Otras decidieron esconderse tras una industria cuya firmeza en la defensa de ciertos argumentos era endeble y poco convincente, algo habitual en organismos empresariales donde la voluntad general ejerce de contrapeso a la determinación y la acción decidida.
Esta es una carrera de fondo donde la planificación a largo plazo tiene retornos concretos y tangibles
En segundo lugar, nos encontramos con el dilema eterno en la negociación con las autoridades políticas. Se trata de la presión que ejercen las compañías a la hora de elevar el coste político de la decisión, pero también de la capacidad para detectar otros asuntos en la agenda que puedan obrar como pieza de intercambio.
Existe un debate abierto en el mundo sobre las fronteras del interés público y el privado. La legitimidad del estado, a la hora de defender el interés general y social de los ciudadanos, se enfrenta a las compañías que defienden un modus operandi que aboga por el progreso social y económico. Muchas veces hay territorios de encuentro, razonables y sensatos, donde la oposición de pequeños grupos a veces juega en contra. Ese es el camino a explorar y requiere de un entendimiento de las posiciones de ambas partes. Igualmente requiere de pedagogía del uno y el otro lado, algo ausente cuando actuamos con prisa y urgencia.
Por último, y de forma complementaria al trabajo de los medios de comunicación como órgano de control social de políticos y empresas nos encontramos con la opinión pública. Si ayer eran las marchas y movilizaciones, hoy son las redes sociales las que actúan de alarma o amplificador de las preocupaciones de la población, tensionando, muchas veces de forma irracional, el debate público y empujando a actuar de forma no deseada.
La casuística que enfrenta una empresa de recursos naturales a la hora de enfocar un proyecto es compleja y variada. No existe un manual de uso común que utilizar. Lo principal es entender al detalle las inquietudes y posiciones de cada grupo de interés (comunidades, inversores, gobierno, políticos, empleados) y saber ecualizar adecuadamente las necesidades de forma que tengamos un relato coherente y sin estridencias, evitando un daño irreparable a nuestra reputación.
Igualmente, el análisis de los hechos debe ser objetivo y carente de estridencias y emociones. El asesoramiento externo facilita esta labor, pues muchas veces las compañías o actores políticos tienen una implicación desmedida en ciertos proyectos que hace perder la visión racional de las cosas. Tendemos a magnificar los acontecimientos o a pasar por alto situaciones que definitivamente suponen un punto crítico en el proceso.
Por último, señalar que esta es una carrera de fondo donde la planificación a largo plazo tiene retornos concretos y tangibles. No se trata de escenarios donde los recursos tácticos de corto plazo o la prestidigitación mediática nos permitan salir airosos. A veces habrá éxito en términos de imagen percibida, pero no tanto de reputación establecida.
