Inteligencia económica; una política pública para España
“La esencia del conocimiento es tenerlo y aplicarlo o no tenerlo y confesar la ignorancia”. En el actual mundo complejo, interconectado y extraordinariamente cambiante, las palabras de Confucio evidencian lo indispensable del conocimiento, de la inteligencia, para entender los paradigmas que rigen el nuevo orden internacional y responder a los desafíos que plantea.
En este contexto, a principios de los años 90, y como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, de la universalización de la tecnología y del fenómeno de la globalización, se dio carta de naturaleza a un concepto amplio de amenaza que incluye la economía, o seguridad económica, como un componente básico de la seguridad nacional. El desplazamiento de las tensiones interestatales a este campo, y la elección de la economía como el escenario en el que se dilucida la capacidad de influencia de las naciones, han convertido este tipo de información en un recurso estratégico, siempre que sea objeto de un procesamiento, difusión y utilización adecuados.
Surge así el concepto de Inteligencia Económica, que se define como el dominio y la protección de la información estratégica puesta a disposición de los actores económicos. La Inteligencia Económica no es un fin, sino un medio, una política pública que permite defender los intereses económicos nacionales y garantizar la cohesión social. Es, como señala Alain Juillet, ex alto responsable para la Inteligencia Económica en Francia, una estrategia global que “debe ser percibida e identificada como un vector de construcción de un nuevo patrón original de crecimiento”.
Los Estados han creado sus respectivos modelos de Inteligencia Económica en función de su idiosincrasia histórica, política, social y cultural. En ellos es denominador común el intento de construir una metodología que permita la integración de información útil en sus distintos niveles de organización: administración, empresa e individuo. Es la triple convergencia a la que se refería Thomas Friedman en su ensayo sobre el mundo plano, cuyas consecuencias se dejan notar en el plano individual, en la forma en que compiten las empresas y en la definición que hacen los países de sus prioridades económicas y geopolíticas.
La Inteligencia Económica no es un fin, sino un medio, una política pública que permite defender los intereses económicos nacionales y garantizar la cohesión social
En el marco del papel del Estado como precursor y dinamizador de la Inteligencia Económica, los servicios de inteligencia, entre ellos el CNI, no han sido ajenos a esta nueva realidad, y han situado la economía como uno de sus principales focos de atención, y la Inteligencia Económica como una de las ramas específicas de su actuación.
En el caso de España, la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, fija como misión principal de esta Institución la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Asimismo, entre las funciones del Centro se recoge la protección y promoción de los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España.
Con ello se atiende a las tres vertientes que integra la Inteligencia Económica: la activa, de obtención de información estratégica; la defensiva o de protección de la economía, y la de influencia, de promoción de los intereses económicos nacionales.
En la primera de ellas, el objetivo es facilitar a las Autoridades información de valor añadido, de forma útil y oportuna, de manera que se reduzca la incertidumbre en su proceso de toma de decisiones y con ello se mejore la competitividad de la economía española.
La labor del CNI en el campo de la protección de la economía implica el seguimiento de los sectores declarados estratégicos, esto es, aquellos que, de verse afectados por injerencias o actuaciones ilícitas, pueden influir negativamente en el buen funcionamiento de la economía e incluso provocar una situación de dependencia estratégica. Para ello, se intenta prevenir y neutralizar actividades que provocan una alteración o uso fraudulento de los mecanismos del mercado o el falseamiento de la libre competencia, como los ciberataques, el espionaje económico e industrial o el blanqueo de dinero, fundamentalmente en lo que se refiere a su conexión con el crimen organizado y el terrorismo. A todo ello se une la vigilancia del comercio de material de doble uso y la protección de la información clasificada.
Especial consideración merece el aspecto de promoción de los intereses económicos nacionales. Desde esta perspectiva, la Inteligencia Económica puede convertirse en una suerte de política de influencia de envergadura, destinada a fortalecer la presencia del Estado en el concierto internacional, en particular en aquellos territorios con los que España mantiene especiales vínculos históricos, como Iberoamérica, o con las instituciones de las que forma parte, en especial con la Unión Europea.
La certeza de contar con empresas comercialmente competitivas, financieramente viables y tecnológicamente avanzadas es una garantía para la perdurabilidad de la libertad de acción de un Estado. Desde esta perspectiva, el CNI coadyuva en el apoyo a las empresas españolas en el exterior. No se trata de rescatar mecanismos de proteccionismo económico, sino, al contrario, de garantizar que las empresas españolas concurren à armes égales en la competición económica internacional.
Como demuestran los países de nuestro entorno, los Servicios de Inteligencia tienen mucho que aportar facilitando su proceso de internacionalización, contribuyendo a la protección de su información, advirtiendo del riesgo político, garantizando la legalidad de las licitaciones internacionales y, en definitiva, proporcionando la ayuda necesaria para que nuestras empresas sigan creando la base de nuestra prosperidad. El éxito de esta acción depende del establecimiento de una relación directa entre el CNI y las empresas nacionales, de un partenariado público-privado asentado sobre el principio de confianza mutua.
El CNI lidera las políticas públicas españolas de Inteligencia Económica. El objetivo último consiste en transformar los desafíos de la globalización en oportunidades, y situar a nuestro país a la vanguardia de la economía mundial. Sabemos que no estamos solos en el cumplimiento de una misión tan crucial. Es una tarea a la que todos estamos emplazados. Seamos conscientes de que la realidad cambia realmente cuando cambia nuestra mirada sobre ella.
