La pregunta del trillón
2015 es un año importante para el desarrollo a nivel mundial. Los parcos lo comparan con el 2000, en que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio que vencen justamente este año. Otros lo comparan con 1945 en que se creó toda esta galaxia de organismos y conferencias llenos de siglas. El hecho es que este septiembre se aprobarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 que son más ambiciosos que los Objetivos del Milenio –pues incluyen no solo derrotar la pobreza sino alcanzar igualdad y dignidad así como objetivos sobre sostenibilidad ambiental–. Antes de eso, en julio, se aprobará un nuevo Marco para el Financiamiento al Desarrollo y en diciembre en París se esperan compromisos concretos en materia de Cambio Climático en la COP21.
UNCTAD, una de las agencias de la ONU, ha venido calculando cuánto cuestan estos objetivos. Al ponerle una cifra a estas aspiraciones, por más tentativas que estas sean, salta que estamos ante un cambio de magnitud: el objetivo ya no se financia con billones sino con trillones de dólares anuales –entre US$ 4 y US$ 7 trillones–. Como parte del esfuerzo global por cerrar esa brecha se viene dando un trabajo de identificar, entender, documentar y socializar experiencias que estén funcionando. Para cerrar esa brecha de financiamiento del desarrollo hay tres fuentes principales: la ayuda externa (desde agencias bilaterales hasta el Banco Mundial o el BID), los recursos internos de los países y la movilización de recursos del sector privado. En el caso de América Latina, y Perú no es una excepción, la ayuda externa tiene una participación reducida porque se trata de una región de ingresos medios. La atención debe estar, entonces, en las otras dos fuentes.
Se trata de hacer realidad oportunidades de inversión en proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la gente
En el caso de los recursos internos, un primer elemento importante para América Latina es que hay un espacio sustantivo para mejorar la recaudación tributaria pues recaudamos en promedio 15% del PIB, cifra muy baja para nuestro nivel actual de ingresos. Además de la recaudación, es importante trabajar en la mejora del gasto. Aquí un ejemplo interesante es el pago de impuestos con obras en Perú o la posibilidad de que el contribuyente elija, para una fracción del impuesto, a qué municipio rural de menores ingresos van sus impuestos, como manera de premiar a los gobiernos más eficientes, transparentes o innovadores como ocurre en Japón. Otro elemento en los recursos internos tiene que ver con mejorar y profundizar los mercados de capitales –un caso auspicioso es la bolsa de valores en el marco de la Alianza del Pacifico– y también hace parte de esto la lucha contra el lavado de dinero y otras modalidades de flujos ilícitos de capitales.
Tal vez donde más significativo es el potencial para acortar la brecha de financiamiento es en materia de movilización de recursos privados. Visto de manera agregada, hoy en el mundo hay muchísimo ahorro y del otro lado de la ecuación hay necesidades de inversión cuantiosas; pero que aun así son mucho menores que los ahorros. Para avanzar hacia el desarrollo, y aquí da lo mismo si hablamos de un país o del conjunto de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el foco no puede estar solo en la capacidad de los gobiernos para recaudar sino que es necesario tener una nueva aproximación con el sector privado.
Entre las experiencias interesantes están los “bonos de impacto social” en que los gobiernos pagan contra resultados que permiten alcanzar ciertos impactos, por ejemplo ahorros futuros
Se trata de hacer realidad oportunidades de inversión en proyectos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la gente. Para atraer dicha inversión es necesario contar con los mecanismos e incentivos legales adecuados. En Perú hemos visto, por ejemplo, interesantes casos de Alianzas Público-Privadas (APP) en que un inversionista privado toma un conjunto de riesgos a cambio de la expectativa futura de una utilidad que justifique ese riesgo. El inversionista típicamente es un operador con experiencia en el negocio y adecuadas espaldas financieras para tomar los riesgos y gestionar adecuadamente dicha infraestructura y ello permite liberar recursos del estado para que se dediquen a otros fines o a garantizar más y nuevos proyectos. Hoy el reto es cómo ampliar las espaldas financieras de operadores privados para atender más proyectos y no solo de infraestructura. Dicho de otro modo: ¿cómo vinculamos nuevos grupos de actores (inversionistas, ahorristas o pensionistas, locales o globales) con las necesidades de financiamiento de los países en vías de desarrollo?
Entre las experiencias interesantes están los “bonos de impacto social” en que los gobiernos pagan contra resultados que permiten alcanzar ciertos impactos, por ejemplo ahorros futuros. Es el caso del financiamiento de salud preventiva a través de prestadores privados que permite futuros ahorros en enfermedades caras y típicas de las nuevas clases medias como la diabetes. Esto viene ocurriendo en África y lo financia el gobierno con cargo a los recursos de cooperación internacional. Otro ejemplo de bonos de impacto social innovadores es la rehabilitación de jóvenes contra el menor costo futuro de tener reos en cárcel. En el caso de los países desarrollados, como es el caso de los reos, estos bonos de impacto social están permitiendo que en una comunidad haya oportunidades de inversión interesantes en términos de rentabilidad que además aportan al bien social. Un elemento común de estas innovaciones es un trabajo fino y serio de mitigación de riesgos y reglas claras, especialmente en los países en vías de desarrollo. Pensando en la mitigación de riesgos, por ejemplo, en África un fondo decidió partir un proyecto de generación eléctrica de 300 megas en 20 a fin de que hubiera efectos de comparación, mayor identificación con el “proveedor local” y que la infraestructura no se percibiera como un “antipático” monopolio. En ese contexto específico, la menor eficiencia en términos de escala se percibió como un costo menor al de mitigar los riesgos políticos locales específicos. Además de ello, otra forma de tender el puente de la mitigación de riesgos es mediante garantías y otros vehículos financieros que solucionen las necesidades y apetitos de riesgo de los inversionistas, los cuales, a su vez, llegan en nuevos esquemas como el “crowdfunding” en sus distintas versiones: desde el financiamiento colectivo hasta el micro-mecenazgo. Este año promete alcanzarnos más experiencias, buenas y malas, para ayudarnos a acelerar el desarrollo. Y eso, ya es ganancia.