Una POLÍTICA de FORMACIÓN para después del COVID (y más allá)
En apenas una década las generaciones más jóvenes de las sociedades avanzadas se han enfrentado a dos crisis que ponen en riesgo su inserción laboral y su capacidad para vincularse a la comunidad desde la confianza y el respeto. Las cifras que arroja en España la actual pandemia de la COVID-19 son desconsoladoras: una tasa de paro del 15 % (casi 4 milllones de personas), cerca del 90 % de la pérdida de empleo en estas semanas se ha concentrado en contratos temporales y sectores cruciales como la restauración y el turismo están sufriendo de manera más intensa el embate de un virus microscópico.
La pandemia ha venido a acelerar cambios ya en curso. En los últimos años las sociedades desarrolladas estamos asistiendo a profundas convulsiones económicas y sociales. Lo que el economista Richard Baldwin ha llamado “globótica” (globotics), la intersección de la globalización y la revolución tecnológica, está suponiendo la desaparición acelerada de tareas asociadas a habilidades y salarios medios en beneficio de aquellas situadas en los extremos. Cunde el miedo al paro masivo, a la precarización del trabajo y al incremento de la desigualdad. La amenaza de una difusa distopía tecnológica y la desconfianza hacia la capacidad de nuestros representantes para hacerle frente hacen saltar las costuras del contrato social.
Sería tan poco sensato como egoísta despreciar el miedo de la ciudadanía. Sabemos que las innovaciones han contribuido siempre a aumentar nuestro bienestar y que no hay razones para esperar un desempleo masivo.
“En España estamos por debajo de la media europea por lo que respecta a la proporción de la población con competencias digitales básicas”
Pero sabemos también que, en el largo plazo, todos estaremos muertos. Es precisamente ahora, en este mismo momento, cuando estamos sufriendo, y algunos mucho más que otros, los costes del ajuste.
Entre el instrumental de políticas públicas y privadas para afrontar este desafío, la formación tiene un papel crucial. La pregunta fundamental que debemos hacernos está clara: ¿son las actuales políticas de formación lo suficientemente eficaces para hacer que trabajadores y máquinas sean aliados en vez de adversarios? A día de hoy, la respuesta en España es negativa. Uno de cada dos parados (más de 1,6 millones de personas) tiene un nivel bajo de estudios, al igual que uno de cada tres empleados (más de 6,2 millones). Incrementar el nivel educativo de nuestros trabajadores y trabajadoras es por tanto una condición imprescindible para conseguir un mercado laboral menos disfuncional y, con él, mayor bienestar social y políticas públicas sostenibles.
Una estrategia público-privada de formación realmente comprometida con la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza durante las próximas décadas deberá prestar una atención fundamental al desarrollo de las competencias digitales y a los sectores económicos de mayor potencial.
En primer lugar, es importante destacar que en España estamos por debajo de la media europea por lo que respecta a la proporción de la población con competencias digitales básicas. El problema es especialmente visible en las pequeñas empresas. El hecho de que apenas el 6 % de las empresas de menos de 10 trabajadores realice ventas por comercio electrónico sugiere lo grave de la situación. Tenemos un amplio margen de mejora en la formación de los trabajadores para el uso de aquellas tecnologías que están definiendo ya en 2020 cuáles son las posibilidades de bienestar de una sociedad.
Además, el crecimiento exponencial del sector de los cuidados en un país tan envejecido como el nuestro; la necesaria reconversión del turismo hacia estándares de mayor calidad; el impulso a una industria más verde, digital e internacional; y una Administración Pública más ágil y eficiente hacen inevitable un acompañamiento formativo a los trabajadores de estos sectores desde una cualificación baja hacia nuevas habilidades.
Esta atención urgente a las competencias digitales y a la recualificación en sectores estratégicos debe ser estable, ágil y coherente con el resto de esfuerzos desplegados por los agentes públicos y privados. Para ello el diálogo y el consenso, garantes de legitimidad y efectividad, tienen que estar presentes ya desde la propia fase de diseño de estas políticas. Además, en el momento de su implementación, debemos asegurarnos de que mecanismos adecuados garantizan una evaluación transparente y eficaz.
“Esta atención urgente a las competencias digitales y a la recualificación en sectores estratégicos debe ser estable, ágil y coherente con el resto de esfuerzos desplegados por los agentes públicos y privados”
Finalmente, la apuesta por la tecnología, el impulso al emprendimiento y la economía social, y el uso de metodologías innovadoras (como, por ejemplo, el participatory action-oriented training o los programas bootcamp) deberán estar presentes, de forma transversal, en cualquier esfuerzo en este ámbito.
Necesitamos de forma urgente estrategias y políticas estables, flexibles y coherentes que permitan a empresas, poderes públicos y sociedad civil embridar estas fuerzas tecnológicas en nuestro favor. La política de formación tiene un papel central en ese esfuerzo. No se trata solo de acompañar en proceso de transición a aquellos ciudadanos más vulnerables. Se trata de hacer posible el proceso de digitalización en sí mismo: sólo si la mayor parte de la sociedad se beneficia de la revolución digital evitaremos las minorías sociales capaces de bloquear la obtención de sus evidentes ventajas. Superemos el falso dilema entre equidad y eficiencia.
