América Latina en un mundo poscovid
América Latina fue una de las regiones más afectadas por la pandemia. En términos de salubridad, la región acumula el mayor número de defunciones asociadas a la COVID-19, con Perú encabezando la infortunada lista a nivel global con una tasa cercana a 6 400 fallecimientos por millón de habitantes. En materia económica América Latina también fue la región que salió peor librada al registrar una caída de la actividad económica de 6,9 % en 2020. Las medidas no farmacológicas implementadas para combatir la pandemia, como cuarentenas y restricciones a la movilidad, tuvieron un efecto devastador en la economía de la región caracterizada por una alta informalidad laboral y una red de protección social insuficiente.
Chile y Colombia alcanzaron a finales de 2021 niveles de actividad económica superior a los de prepandemia en 4,9 % y 2,8 %, respectivamente.
La región experimentó una importante recuperación económica en 2021 de la mano de las campañas de vacunación en diferentes países que permitieron retomar niveles de actividad similares a los de prepandemia en algunos sectores. No obstante, la normalización de la actividad económica dista de ser completa y hay una importante heterogeneidad entre países. Chile y Colombia, por ejemplo, alcanzaron a finales de 2021 niveles de actividad económica superior a los de prepandemia en 4,9 % y 2,8 %, respectivamente. Por su parte, Perú y Brasil exhiben una tasa de recuperación ligeramente positiva con una tasa bianual en 2021 frente a 2019 de 0,9 % y 0,6 %, en su orden. México, Perú, Bolivia y Argentina todavía se encuentran con niveles de producción inferiores a los de prepandemia.
En este contexto, y bajo el supuesto que la pandemia ya ha iniciado su transición a endemia, América Latina se enfrenta a un número importante de retos en el mundo pos-COVID. El más urgente tiene que ver con el aumento acelerado de los precios a los consumidores. De acuerdo con las encuestas más recientes, los analistas económicos esperan una inflación para América Latina de 7,8 % para finales de este año, un aumento significativo frente a la cifra de 3,5 % prepandemia. Este aumento de la inflación, que inicialmente tuvo origen en un desbalance entre oferta y demanda global, pero ahora se ha exacerbado por el conflicto bélico en Europa, podría poner en riesgo la recuperación económica de la región y ampliar la pobreza.
Los analistas económicos esperan una inflación para América Latina de 7,8% para finales de este año, un aumento significativo frente a la cifra de 3,5 % prepandemia.
El choque en las materias primas y energéticos asociado al conflicto en Ucrania está elevando de manera importante los precios de los alimentos, que son los que más pesan en la canasta de consumo de los hogares más vulnerables. La región tuvo un retroceso importante en la lucha contra la pobreza debido a la crisis económica en 2021 con un aumento de 30 millones de personas que viven con bajos ingresos y una tasa de pobreza extrema que después de alcanzar niveles mínimos de 8,7 % en 2010 retrocedió a niveles de 13,8 %.
El aumento de la inflación a nivel global y el subsecuente aumento de tasas de interés en muchas jurisdicciones, generará una presión adicional en las cuentas fiscales de los gobiernos de la región que también sufrieron un revés importante durante la pandemia por cuenta de unas mayores necesidades de gasto público y un menor recaudo.
Con un menor espacio fiscal, los gobiernos de la región tendrán que fortalecer sus ingresos tributarios sin afectar la recuperación económica mediante impuestos progresivos, y aprovechar el auge asociado a los mayores precios de las materias primas exportadas. Los mayores precios del petróleo y del cobre pueden ayudar a estabilizar las cuentas fiscales de la región y la sostenibilidad de los programas sociales si son aprovechados de manera eficiente.
La región también deber mejorar sus arreglos institucionales en cuanto a las asociaciones público-privados para continuar con los programas de inversión pública en un contexto de recursos limitados. El caso exitoso en materia de asociaciones público-privadas en el sector de infraestructura de Colombia debe ser un modelo que puede y debe ampliarse a otras dimensiones y países. Esto podría reducir los costos logísticos y mejorar la eficiencia en materia de transporte, almacenamiento y distribución de bienes. Políticas enfocadas en estos aspectos pueden instrumentarse para tener ganancias de eficiencia que permitan amortiguar la presión inflacionaria asociada al mayor costo de los insumos, en particular si se enfocan en el sector agrícola.
En la misma línea, generar un ambiente regulatorio apropiado que incentive la innovación y la transformación digital deber ser una prioridad, en el actual contexto, para que la región siga mejorando en materia de inclusión digital y de esta manera avanzar en materia de profundización financiera para las familias tengan más herramientas a la hora de suavizar choques adversos a sus ingresos como consecuencia del aumento de los precios a los consumidores.
Finalmente, en esta coyuntura desafiante, la región debe buscar fortalecer sus redes de protección social con programas que sean efectivos en la protección de los más vulnerables y que al mismo tiempo generen los incentivos a la inserción de dichos hogares a la formalidad mediante una mejora de los programas de transferencias condicionadas que contemplen incentivos a la acumulación de capital humano.
